- Acceso a la información: herramienta que ayudará a víctimas, instancias investigadoras y órganos jurisdiccionales
- Plataforma Memoria y Verdad, destinada para generar conocimiento público útil
Oaxaca de Juárez, Oax.- Al participar en la mesa de análisis “Derecho a la verdad, memoria y acceso a la información”, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO), Juan Gómez Pérez afirmó que el conocer la verdad en los casos de violaciones graves a los Derechos Humanos, permitirá extraer lecciones y dará la posibilidad de desmontar las estructuras institucionales que permiten las violaciones.
Con la presencia de David Mora de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, y Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, ex asesor de la Comisión de la Verdad Oaxaca (CVO), donde expusieron – desde su experiencia- la importancia del Acceso a la Información en los procesos de memoria y verdad para los casos de violaciones a los Derechos Humanos, el comisionado del Órgano garante de transparencia en el estado, destacó que la nueva normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública puede fortalecer los ejercicios de Memoria y Verdad.
En el Museo de Filatelia, donde se dieron cita estudiantes, académicos, sociedad civil y ciudadanía, Gómez Pérez señaló que este nuevo esquema de transparencia será complementado por las Leyes Generales de Archivos y de Protección de Datos Personales, por lo que es importante la vinculación entre el Órgano garante y la ciudadanía en los procesos de memoria y verdad.
“Necesitamos compaginar distintos puntos de vista, que nos permitan alumbrar temas tan importantes como los Derechos Humanos, y el acceso a la información es una herramienta que ayudará a víctimas, instancias investigadoras y órganos jurisdiccionales” apuntó el también responsable de la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en Oaxaca.
En su oportunidad, David Mora Vera de Artículo 19 para México y Centroamérica, presentó la Plataforma Memoria y Verdad, coordinada por el INAI y Organizaciones de la Sociedad Civil. Explicó que esta herramienta es un archivo digital sobre 15 casos de violaciones graves a derechos humanos y un ejemplo de cómo el acceso a la información puede apuntalar en estos casos.
Mora Vera afirmó que actualmente se discuten dos leyes que favorecerán los procesos de memoria y verdad: la Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales, que sin duda contribuirán en la consolidación de la transparencia y el acceso a la información pública.
El representante de Artículo 19 consideró lamentable que el Sistema de Justicia Penal en México no garantice el esclarecimiento en los casos de violaciones graves a los Derechos Humanos y sea incapaz de llegar a verdades sólidas, “además que el Sistema tiene diferentes vicios y prácticas que violan los derechos humanos en todo el proceso de justicia”.
David Mora apuntó que ante el mal escenario del Sistema de Justicia en México, la creación de las Comisiones de la Verdad ha sido una alternativa, sin embargo, no se puede apostar ciegamente a los procesos de las Comisiones de la Verdad, pues cuando éstas son excedidas por la realidad, la sociedad termina con más preguntas que conclusiones.
Reconoció que como ciudadanos debemos pensar en otros procesos que nos lleven a la verdad y sugirió cuestionar las versiones oficiales, apostar por el periodismo independiente e incentivar la investigación académica, por lo que invitó a conocer la Plataforma Memoria y Verdad, que busca generar conocimiento público útil.
Al hacer uso de la palabra, Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, ex asesor de la Comisión de la Verdad Oaxaca, señaló que las expectativas sociales que se generan con la creación de una comisión de la verdad son muy altas, sin embargo la sociedad debe tener en cuenta que las comisiones de la verdad son órganos de investigación y no jurisdiccionales.
Desde su experiencia en la Comisión de la Verdad Oaxaca, Vásquez de la Rosa señaló que esta comisión tuvo un plazo de 18 meses para dar a conocer los resultados, pero el resultado esperado por la sociedad era el castigo y la CVO no tenía esa facultad.
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